Editorial, ABC, 21.IV.2001

Proponen para Extremadura una ley como la aprobada en Cataluña que permita a los pacientes declarar ante notario que no desean medios extraordinarios en una situación terminal

El proyecto de Ley de Salud remitido por el Gobierno extremeño, presidido por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a la Cámara regional contempla el derecho a la eutanasia pasiva de los enfermos en situación terminal o irreversible.

El consejero de Sanidad ha aclarado que el proyecto no ampara la eutanasia activa, castigada por el Código Penal de 1995, en su artículo 143. El proyecto exige que el paciente exprese de forma inequívoca y acreditada ante notario o tres testigos su voluntad de no ser sometido a medios extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Con estos términos, el proyecto extremeño se asemeja al "testamento vital" aprobado por el Parlamento catalán. Aparentemente, la norma no parece avanzar por la legalización de la eutanasia activa, aunque su mantenimiento en el terreno de lo moral y jurídicamente admisible --aquel en el que la vida es un bien social y jurídico que trasciende de la elección discrecional de la persona-- dependerá de que, efectivamente, se aplique sólo a enfermos cuya expectativa irremediable sea la muerte, de forma que el tratamiento terapéutico sólo produzca un aplazamiento inútil del fallecimiento o el agravamiento de la situación del paciente. Este sentido de la eutanasia pasiva y de la ortotanasia es incluso admitido por la Iglesia Católica, que legitima la interrupción del "encarnizamiento terapéutico" cuando la muerte es inevitable y la administración de tratamientos paliativos aunque aceleren el fallecimiento.

La malicia de lo que parece trivial

Lo que ya resulta menos pacífico es el sesgo político de este tipo de iniciativas, reflejado en la costumbre que han adquirido algunas Autonomías de utilizar sus potestades legislativas para regular cuestiones muy complejas, que afectan a toda la sociedad española y que presentan múltiples vertientes. Cuestiones que, por otro lado, no son demandas específicas de los ciudadanos de esa Comunidad y que, por tanto, deben recibir una respuesta legislativa común del Parlamento nacional, tras los estudios, informes y encuestas pertinentes. Estas legislaciones particulares sobre asuntos generales actúan como condicionantes del trabajo legislativo del Congreso y del Senado, y abren debates con términos engañosos sobre las intenciones de unos --los Gobiernos autonómicos-- y otro --el Gobierno central--, que presentan a los primeros como adalides del progresismo y al segundo como un tancredo inmovilista.

Juegan con la vida humana

Las potestades legislativas autonómicas no han sido diseñadas para aumentar el medallero de tal o cual presidente autonómico ni para hacerle la oposición al Gobierno central. Menos aún si se utiliza la vida humana como excusa.